Por Ana Cristina Bracho | Misión Verdad

En mi página de inicio en Facebook, un antiguo compañero de trabajo ironizaba sobre las medidas que impulsa el gobierno nacional con el Plan Vuelta a la Patria. En su opinión, si se hiciera algún tipo de balance sería significativamente menor el número de personas que quieren retornar en relación con las que quieren irse y con las que, estando afuera, quieren regresar. Su afirmación no tenía ninguna clase de sustento y en toda evidencia no era más que su percepción.

A un par de semanas de su nacimiento, el Plan Vuelta a la Patria ha traído consecuencias internacionales sumamente interesantes, no tan sólo porque inició antes de la derrota del secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuando quiso que el Consejo Permanente de la multilateral decidiera que los migrantes económicos venezolanos fuesen tratados como refugiados, sino que ha generado, ante un creciente número de solicitantes, que dos Estados del Grupo de Lima decidieran ordenar a sus agentes, impedirle -o al menos dificultarle- a los venezolanos el ejercicio de su derecho a retornar, establecido en el cuerpo jurídico universal.

¿Qué derechos tienen los migrantes? Un espacio en debate

Una lectura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos basta para afirmar que ninguna persona es ilegal. Somos, en principio, todos los que nacemos bípedos, de una madre humana que desciende a su vez de los primates, miembros de una sociedad mayor: la humanidad.

Los últimos años esa frase ha estado hirviendo cuando, pese a su obviedad, ha debido ser defendida frente a un sistema que ve en los migrantes la apuesta para obtener una mano de obra barata y desprovista de derechos.

Esto es un punto sumamente interesante porque la precariedad jurídica de las personas tiene como consecuencia su debilidad económica, y allí tenemos un ciclo de explotación que abre la puerta para la trata y la esclavitud.

En este tema, si queremos ver más lejos, justo en Europa se debate si Hungría se ha separado de las normativas del continente por no aceptar las cuotas que le ha asignado la multilateral e instituir como delito el ayudar a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en su territorio.

¿Tenemos alguna idea en Venezuela de los números mundiales del problema? Ciertamente no. Esta es una materia a la que no venimos haciéndole mucho seguimiento, pero veamos, por ejemplo, un solo punto de movimiento migratorio: el Mediterráneo. Allí, según números publicados en enero de este año por el ACNUR, fallecieron, entre el 2014 y el 2017, 15 mil 486 personas.

Hay quienes afirman que este número no puede ser tomado como el total porque este es tan solo al que corresponde al reporte de desaparecidos y muchas personas que se lanzan al mar desde las costas de África lo hacen de manera clandestina, sin que nunca se sepa su nombre o número.

Un reporte apretado, publicado por la OEA, sobre los derechos de los migrantes, que se están discutiendo para conformar una Convención de la ONU sobre el tema, considera que este es el mínimo que todos los países han de garantizar:

“Debemos tener en mente que los migrantes son, ante todo, seres humanos con derechos humanos y no se los puede considerar o presentar únicamente como agentes de desarrollo económico. No se debería considerar o presentar a los migrantes únicamente como víctimas indefensas que es necesario rescatar ni como delincuentes impostores. Las autoridades estatales tienen la responsabilidad de combatir las expresiones de racismo y xenofobia, de formular cargos contra los perpetradores de actos de violencia o discriminación contra los migrantes y de fomentar un discurso público que promueva una mentalidad abierta a las diferencias, la aceptación de los cambios sociales y la celebración de la diversidad. (…) Todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su condición. Sin embargo, a pesar del marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación y violencia”.

El regreso del migrante

Considerado lo anterior, observamos que la dificultad con las personas que se desplazan es, principalmente, para los países receptores, que deben ampliar sus sistemas sociales además de evitar que quienes llegan sean víctimas de actos de xenofobia o de racismo.

Igualmente, podemos encontrar millares de situaciones que nos explican los problemas que enfrenta un Estado cuando deporta a un extranjero, que generalmente consistirá en ser cuestionado su respeto al Derecho Internacional, como es el caso que vive el presidente Donald Trump por sus deportaciones en caliente desde la frontera con México.

Por ello, el regreso del inmigrante a su país, por voluntad propia y sin que el Estado donde se encuentra tenga que sufragar el costo del viaje, parece eventualmente un sueño idílico para cualquier gobierno. Es la vuelta, en cierto modo, a un estado previo y natural de las cosas.

Para analizarlo, vamos a señalar que el derecho a retornar es tan básico que se desprende de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es objeto incluso de un conocimiento tan básico que hasta Wikipedia lo tiene entre los conceptos que desarrolla.

Señala esa fuente que el derecho de retorno se refiere a un principio del derecho internacional, codificado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mediante el cual una persona tiene el derecho de regresar a su país de origen, e ingresar al mismo.

Es usual, como lo vemos en el caso venezolano, que los países que han sufrido una migración importante lo alienten mediante leyes o programas que busquen la reunificación de sus nacionales. Podemos ver, por ejemplo, cómo esto ocurrió en Alemania o cómo el gobierno de Rafael Correa se lo propuso a los ecuatorianos que se encontraban en el extranjero, o cómo en Colombia, en el marco de las negociaciones de paz, se trató este tema.

¿Cuál es la base de esto? En primer lugar, el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando anota que “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Luego, es la nacionalidad como vínculo entre una persona con su país que lo somete a sus normas pero le brinda también su protección, otorgando derechos e imponiendo obligaciones.

En la actualidad internacional, los problemas en relación al derecho de retorno, que son menores a la gran envergadura de las dificultades en materia de derechos de los migrantes, los vamos a ver en pueblos que reclaman un territorio que les fue arrancado, como los palestinos.

Colombia y Argentina: dos episodios en una semana

Fue el viernes 14 de septiembre cuando William Castillo Bolle, viceministro de Comunicación Internacional, denunció por Twitter que “76 venezolanos en un autobús fletado por el Plan Vuelta a la Patria fueron detenidos por horas cerca de la frontera por la Policia de Colombia, sin ninguna explicación”, anunciando un par de horas después que “Tras más de dos horas detenido y ante el reclamo de la Cancillería venezolana al Gobierno de Colombia, el autobús que trae a 76 venezolanos y venezolanas en el Plan Vuelta a la Patria fue desviado hacia Ureña. Ya vienen en camino”.

La prensa reseñó que la inusual demora no fue justificada a la vez que solo afectó a quienes se encontraban en el autobús dispuesto por Caracas.

Posteriormente, la corresponsal de la multiestatal Telesur, Madelein García, opinó que la acción se debió a la presencia del Secretario General de la OEA en Colombia, donde visitó a venezolanos para denunciar la situación humanitaria en la que, según su discurso, se encuentran.

Postura que se comparte, en tanto, pese a recibir ayudas internacionales y mantener un discurso sobre la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, ha sido noticia que Colombia ha deportado grupos de venezolanos durante todo el año 2018. Pudiendo citar, como ejemplo reciente, la deportación de 167 personas que se encontraban en Bucaramanga efectuada en agosto del año en curso.

Horas más tarde, fue noticia el inusual tratamiento que el gobierno argentino dio al vuelo de Conviasa destinado a continuar la repatriación de venezolanos desde aquel país.

Así lo reportó el diario venezolano Últimas Noticias:

“Al avión se le asignó un terminal militar, lo que a su  vez fue excusa para prohibir el acceso a la prensa a cubrir el retorno de los venezolanos, lo que afectó directamente a los corresponsales de Telesur. El cambio de aeropuerto trajo a su vez otra consecuencia que bien debían saber en Buenos Aires, que es el hecho de que la pista de Ezeiza tiene 3 mil 300 metros de longitud, lo que permite despegar con full combustible y pasajeros completos, mientras que la pista de Palomar, de 2 mil 110 metros, no da oportunidad para que el avión de Conviasa que había sido reportado, despegara con la carga máxima. Esta circunstancia obligó a que el retorno se hiciera con menos combustible de lo previsto para el viaje hasta Viru Viru, Bolivia, donde programó la escala”.

Una situación que debe sorprender en un contexto donde la prensa de derecha había llegado a afirmar en meses anteriores que “la crisis generada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro no solo afecta a Venezuela sino también a Argentina, país que en los últimos dos años se ha convertido en una vía de escape para personas que buscan una vida distinta a la que la patria y el socialismo puede ofrecerles”, que uno supondría muy interesada en demostrar que el número de venezolanos baja en el país austral.

El sentido de las acciones

Podríamos pensar sencillamente que dificultar u ocultar el regreso a Venezuela de los inmigrantes es absurdo, pero con ello perderíamos la perspectiva mediática de los tiempos que vivimos. La retórica construida que apunta a la idea de que Venezuela es un “Estado fallido” y una oprobiosa dictadura, requiere en la misma manera que la gente se vaya, que esta no regrese.

Es así cómo mi antiguo colega y tantos otros se convencen de que la operación Vuelta a la Patria no tiene ningún sentido.

Pero esto es falso, tanto como que la situación económica fuera de nuestras fronteras se encuentra en su mejor momento, o que, en otros países, la gente espera anhelante a los venezolanos que llegan. Son ya casi 3 mil personas las que han solicitado regresar, según lo informó el vicepresidente sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, el lunes 10 de septiembre de 2018.

Sin duda, que esto venga a suceder en dos países diferentes, de manera casi simultánea, cuando un deslucido Secretario General de la OEA experimenta su más reciente derrota insta desde Colombia a una intervención militar, demuestra que existe una orden imperial de invisibilizar y desestimular a quienes quieran regresar.