Buenos Aires, 27 ago (PL) El abogado de Cristina Fernández, Carlos Alberto Beraldi, denunció hoy varias ilegalidades en los allanamientos de tres viviendas de la expresidenta argentina y alertó sobre tóxicos de contacto hallados en su apartamento en Buenos Aires, tras el registro.

A la exmandataria se le allanaron tres de sus propiedades la semana última en medio de la investigación en la causa sobre presuntos sobornos (coimas) en las obras públicas durante la gestión de su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, y la de ella (2003-2015).

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En un comunicado difundido en la página oficial de la actual senadora, el letrado resaltó que en medio de los registros se le impidió controlar, como abogado defensor y única persona que se encontraba en el domicilio, el allanamiento en el inmueble de la calle Uruguay, en el barrio de Recoleta.

Con ello, agrega, se viola expresamente las disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la Nación dispuso en particular para este allanamiento.

Todas estas ilegalidades ya fueron denunciadas ante la justicia penal competente, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados y será puntualizada a cada uno de los jefes de bloque de la cámara Alta, subraya.

Beraldi resaltó que ‘en un hecho de extraordinaria gravedad’, la persona que se dedica habitualmente a las tareas del hogar en el domicilio de Cristina en la capital, ingresó el sábado pasado por primera vez después que se practicara el allanamiento.

‘Dado que el trabajo de limpieza requería una mayor profundidad, le solicitó a dos miembros de su familia que la ayudaran… Cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar’.

Los síntomas persistieron durante el resto del día y el domingo acudieron a la guardia del Hospital de Clínicas, donde se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva reexposición al mismo ambiente, denunció.

El abogado sostuvo que por esa razón la exmandataria decidió no regresar a ese departamento hasta tanto no se tenga una certera evaluación sobre el lugar y las cosas que fueron objeto de manipulación durante el allanamiento.

Por otro lado, Beraldi apuntó que el registro en la vivienda de la localidad El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de diario del fin de semana.

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‘Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita’, señaló en referencia a lo que difundieron algunos medios de prensa sobre lo encontrado en el lugar.

En la denuncia manifiesta que las cosas que el juez Claudio Bonadío, al frente del caso, ordenó secuestrar, no sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que además, son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación.

Además, añade, ‘como muestra de la persecución política de la que mi defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de Senadora que le fuera conferido por el voto popular de millones de argentinos en la provincia de Buenos Aires’.

Ni siquiera se salvó el único auto que mi representada tiene: una camioneta Honda del año 2009, remarcó el abogado quien agregó que, en el caso puntual de El Calafate, no se está preservando la cadena de custodia de las cosas que están siendo requisadas durante el allanamiento.

‘El procedimiento comienza y termina cuando se le ocurre al juez. En cada interrupción, el domicilio queda bajo la disposición discrecional de la fuerza policial destacada por el magistrado, sin que se pueda tener supervisión alguna sobre ellos’, enfatizó tras referir que durante la noche no se sabe quién entra o sale de la casa, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba falsa.

Por último, el letrado señaló que el viernes por la noche el Centro de Información Judicial (CIJ) que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia ‘publicó un insólito informe en el que Bonadío anticipa la decisión que adoptará respecto de mi defendida, prejuzgando sobre su supuesto carácter de jefa de una asociación ilícita’.

Es decir que sería la cuarta asociación ilícita de la cual mi representada resultaría ser siempre la jefa, apunta.

Este nuevo capítulo constituye una etapa institucional que nos lleva a una sociedad pre democrática, en la que los derechos y garantías ciudadanos, al menos de los opositores al gobierno actual, son directamente eliminados, concluye el abogado.

mem/may