Un breve acercamiento jurídico e histórico al decreto que defiende el valor de los territorios indígenas y la importancia de la Línea Negra.

Juan-Pablo-DuqueJuan Pablo Duque*

Un decreto incomprendido

El pasado 6 de agosto, justo antes de culminar su periodo, el presidente Santos firmó el Decreto 1500 “Por el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, expresado en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra, como ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, conforme a los principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 1991, y se dictan otras disposiciones”, públicamente conocido como el de la Línea Negra.

La mayoría de la sociedad reaccionó con cierta incredulidad, debido a que no hay una comprensión aproximada del mencionado decreto, y menos del concepto de la Línea Negra.

Muchas personas llegaron a alarmarse, y se extendió la idea de que se trata de un absurdo legal que, de una u otra forma, altera la noción misma de propiedad privada y afecta el desarrollo de cualquier iniciativa encaminada al desarrollo económico de la región.

En el debate consecuente, que comenzó por el desconocimiento de lo que hay en el fondo de la firma de este decreto, han quedado cosas que, por no ser claras, confunden. Por esta razón es indispensable definir qué es la Línea Negra.

Línea negra

sierra-nevada-territorios-indigenas-duque-pabloSierra Nevada de Santa Marta. Foto: Parques Nacionales

Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada tienen un vínculo estrecho -de carácter existencial- con el territorio que habitan, el cual se manifiesta a través del nexo entre el mundo espiritual y su propia condición humana. De acuerdo con su cosmogonía, el territorio ancestral es al mismo tiempo territorio sagrado, desde el mismo momento de la creación. El indígena y el territorio sagrado comparten su existencia como un todo.

Este nexo está regido por lo que denominan la Ley de Origen, que ordena todo lo que existe. En este orden, el territorio sagrado se manifiesta a partir de la definición de un número determinado de sitios que ostentan características especiales con respecto a los demás. Cada uno de estos sitios posee singularidades que los hacen únicos, todas relacionadas con la protección de un territorio sagrado que debe preservarse.

Para estas comunidades ese territorio es la tierra de los hermanos mayores, quienes tienen el deber de proteger el universo a través del conocimiento de la Ley de Origen. La defensa del territorio debe basarse en un trabajo permanente e incesante, que se valga de actividades rituales -llamadas pagamentos-, mediante las cuales se reequilibran las fuerzas que deben permanecer en armonía para el beneficio universal.

El indígena y el territorio sagrado comparten su existencia como un todo.

Esencialmente, la Sierra Nevada es el centro del universo, que debe ser protegido de manera permanente. La Línea Negra es una definición territorial vinculada con lo sagrado, cuya función es dar espacio al rol protector de la naturaleza. Se encuentra determinada por una serie de hitos geográficos que configuran un anillo protector perimetral y otros muchos en el interior, todos conectados con el centro del mundo que son los picos nevados centrales. Cada uno de estos sitios contiene parte del conocimiento acerca de la conservación del mundo, conocimiento al que solo los hermanos mayores tienen acceso.

Tal conservación implica volver a cada uno de estos sitios para llevar a cabo los pagamentos. Por tanto, el libre acceso de los indígenas a estos sitios se considera esencial para el acto ritual.

Lo importante de estos sitios sagrados que componen la Línea Negra   es no hacer parte de una simple delimitación territorial como la concebimos quienes no somos indígenas. Tienen un significado simbólico profundo, pues cada uno contribuye al orden territorial donde lo sagrado prima sobre lo demás, ya que garantiza la supervivencia de todos.

Un decreto confuso

Teniendo un poco de claridad sobre los que representa la Línea Negra como elemento de configuración territorial sagrada para los indígenas, existen otras cuestiones relacionadas.

Muchos se preguntan por qué, si se trata de conceptos provenientes de creencias tradicionales indígenas, el resto de la sociedad tendría que asumirlos como parte de su propio devenir. Esta es una de las confusiones y el principal punto de desacuerdo.

  1. Porque la Constitución de 1991 consagró el deber de concertar con las debidas autoridades indígenas toda acción que afecte los territorios indígenas ancestrales reconocidos, por medio de mecanismos de consulta previa que garanticen la preservación de los derechos de estos pueblos.
  2. Porque está sustentado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual fue ratificado por Colombia mediante la Ley 21 de 1991 y  el Decreto 2000 de 2003, en lo referido a la protección de derechos de pueblos indígenas.

En Colombia, las actuaciones que afecten los territorios tradicionales pueden requerir o no licencia ambiental. Las que sí la requieren debían ceñirse al Decreto 2000, que garantizaba el apego a lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT en relación con los derechos de los pueblos indígenas.

Se estableció que las que no la requiriesen, se regirían por la Ley 99 de 1993, planteada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y a su vez vinculada con el Decreto 1320 de 1998 del Ministerio del Interior y de Justicia. De esta manera ocurrió que, valiéndose de esta alternativa, podrían evadirse la Ley 21 de 1991 y la determinación de las condiciones de impacto cultural que creaba como requisito.

Esta inconsistencia fue puesta de presente por las sentencias 650 de 1998, 950 de 2003 y 880 de 2006 de la Corte Constitucional, relacionadas con la orden de no aplicar el Decreto 1320, pues éste se prestaba confusiones jurídicas contra los derechos de los pueblos indígenas (por ejemplo, la presunción de que los pueblos indígenas que se negaran a participar en procesos de concertación que consideraban viciados estaban renunciando voluntariamente a sus derechos).

El objeto final de estas aclaraciones de la Corte era reafirmar el deber constitucional que tenemos todos los colombianos de reconocer y preservar las creencias y manifestaciones culturales de todos los componentes de esta sociedad que se reconoce diversa desde 1991.

Viejos estándares

territorios-indigenas-duque-pabloPoblación indígena.  Foto: Unidad administración especial de gestión de restitución de tierras

No obstante, sabemos que más allá de estas consideraciones hay un trasfondo histórico de vieja data del cual el Decreto 1500 es sólo un evento adicional, lo cual no le resta importancia.

La consagración de la multiculturalidad como uno de los fundamentos esenciales de la Constitución de 1991 no fue un hecho espontáneo. Era la oportunidad de actualizar las circunstancias nacionales caracterizadas por la pluralidad de pensamientos y creencias.

Había pasado ya mucho tiempo desde que en 1890 la Ley 89 fijó la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las tierras indígenas, pero simplemente como estrategia que permitiera la entrada a la civilización de los indios que persistían en permanecer en la barbarie de sus creencias, mediante procesos coordinados por la Iglesia católica en las misiones evangelizadoras.

Pese a su espíritu inicial, la Ley 89 quedó como la única forma legal de impedir que los territorios indígenas se desvanecieran al vaivén de las demandas de tierras para la explotación a lo largo de cien años.

la Ley 89 quedó como la única forma legal de impedir que los territorios indígenas se desvanecieran.

Más importante aún es que no podemos olvidar que existen otros antecedentes jurídicos que respaldan el Decreto 1500;

  • El 4 de enero de 1973, el ministerio de Gobierno expidió la Resolución 00002 mediante la cual se aceptaba la determinación simbólica de la Línea Negra de los pueblos indígenas arhuaco, kogi y malayo de la Sierra Nevada de Santa Marta, uniendo los sitios periféricos del sistema de sus sitios sagrados.
  • El 28 de agosto de 1995, mediante resolución 837, el Estado colombiano reconoció que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta han delimitado de manera ancestral su territorio.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es pertinente insistir en que la firma del Decreto 1500 no es el producto de una ambigüedad ni una despedida caprichosa por parte del hoy expresidente Santos. Se trata de la aplicación legal de condiciones preestablecidas que buscan garantizar la protección de minorías culturales dentro de un contexto internacional que tiende a ello.

Sin embargo, el debate no se detiene aquí. Para propiciarlo seriamente es necesario conocer y divulgar las circunstancias históricas y jurídicas precedentes.

*Magíster en Filosofía, doctor en Historia, profesor asociado de la Universidad Nacional y autor del libro: Territorios indígenas y Estado. A propósito de la Sierra Nevada de Santa Marta (Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2012).