SALPICA A RAÚL MAESTRE Y OTROS EX FUNCIONARIOS

Por: Alejandro Arias

La Sociedad Portuaria de Santa Marta -SPSM- es considerada la punta de lanza del desarrollo agroindustrial y comercial del norte del Magdalena. La suerte de esta empresa determina de forma significativa los indicadores económicos y sociales de la región razón por la cual, todo cuanto suceda alrededor de esta empresa resulta ser de vital interés.

La denuncia penal radicada por la sociedad Operadora de Carbón de Santa Marta Ltda -Carbosan Ltda.-, de la cual la Sociedad Portuaria es socia con la mayor participación social, en contra del ex representante legal de ambas compañías, Mauricio Suárez Ramírez, y en la que se salpica a otros altos ex funcionarios como Raúl Maestre, vicepresidente de Seguridad de SPSM y Director de Seguridad de Carbosan, y Jimmy Bolaño Tarrá, Auditor General de Carbosan destapa el que pasaría a ser el preámbulo del mayor escándalo de corrupción privada en el sector.

El representante legal de Carbosan Ltda., Domingo Segundo Chinea Barrera, debidamente habilitado por la Junta Directiva y a través de abogado radicó denuncia penal en contra de Mauricio Suárez apoyado en los resultados de una auditoría realizada por considerar que existió un verdadero interés y móvil ilícito por parte de éste para favorecer a Javier Prada Sánchez a través de sociedades de propiedad de éste último Opl Carga SAS, Opl Logística SAS y C.I. Pradaz Limitada asociadas al contrato del servicio de cargue y transporte terrestre de carbón en el proyecto con CNR.

Contrato del proyecto de CNR y otro relacionado con la firma Operlog, también filial de SPSM, por las que las sociedades Opl Cargo y Opl Logística recibieron en total una suma de cinco mil millones de pesos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2016.

De acuerdo con los resultados de la auditoría este contrato presentó graves inconsistencias que se detectaron desde el proceso mismo de licitación el cual según las evidencias demostrarían hubo un marcado interés por parte del ex gerente Suárez Ramírez en direccionar y contratar las empresas de su amigo y socio Enrique Prada haciendo maniobras no autorizadas por la Junta Directiva y pagos por un monto aproximado de $1.360 millones antes de que se cumplieran a cabalidad los procesos de licitación y en consecuencia suscripción del contrato respectivo.

Dentro de las inconsistencias se reseñan: que las invitaciones privadas se cursaron el 29 de enero de 2015, que la apertura de la urna con las propuestas se hizo el 3 de febrero, que el contrato se suscribió el día 13 de abril de 2015, pero éste ya se estaba ejecutando desde el 1 de febrero. Tanto así que la primera factura que emitió Carbosan a CNR por concepto de este proyecto data del 17 de febrero de 2015 por una cuantía no despreciable de $868 millones, que TSP emitió la primera factura a Carbosan el 28 de febrero de 2015 por valor de $ 371 millones y que la sociedad Opl Logística (distinta a Opl Carga que suscribió finalmente el contrato) emitió la factura el 31 de marzo de 2015 por valor de $114 millones.

Varios correos electrónicos sustentaron las hipótesis de la firma auditora respecto del presunto favorecimiento personal de Mauricio Suárez a Javier Prada en detrimento de las empresas que representaba y la estrecha relación que éstos sostenían.

Uno de estos correos es del 2 de enero de 2015 con el que Mauricio Suárez, encontrándose en vacaciones, le indica a Diana Lozano, Directiva Jurídica Corporativa de Carbosan Ltda. que será él quien maneje directamente lo relacionado con el negocio con CNR: “(…) esto debe esperar a mi llegada para negociar con el transporte y con la operación de patio (…) esto lo manejaré directamente desde la gerencia (…)”.

El informe de auditoría, que sirve de soporte para la denuncia, con relación a este manejo concluye que el especial direccionamiento del proceso de selección de subcontratistas resulta facilitado cuando el mismo Mauricio Suárez emite instrucciones expresas para que sea Raúl Maestre, vicepresidente de Seguridad de SPSM y director de Seguridad de Carbosan quien se encargue de afinar este proceso de selección de forma tal que se “ayudara” y “favoreciera” a Javier Prada Sánchez y sus sociedades.

Se precisa al respecto en la denuncia: “engranada debidamente así la estructura interna de esta componenda orquestada desde la Gerencia de Carbosan en este proceso de selección y contratación, resultaba muy significativa la participación del señor Raúl Maestre Alto Directivo de Carbosan como se dijo, y quien según los correos anteriores se constituía como vocero o interlocutor de la posición e intereses de las empresas Opl Carga y Opl Logística, pese a su desconocimiento del tema operativo, cuando de la auditoría especial se pudo comprobar que este ejecutivo tenía intereses en contratos de vigilancia celebrados entre la empresa familiar de su propiedad Vivac (Compañía de Vigilancia y Seguridad Privada Vivac Limitada representada por su esposa Nancy Stella Navarro), y la sociedad OPL Carga de propiedad de Javier Prada Sánchez, esta última quien suscribió el contrato para el proyecto CNR”.

El otro hallazgo denunciado está relacionado con pagos asociados al proyecto CNR por suma aproximada a $680 millones por concepto de facturación por “sensores de peso” que no fueron aprobados por la Junta Directiva de Carbosan.

Apoyado en los informes de auditoría, Carbosan denunció el favorecimiento personal de Suárez Ramírez de las operaciones realizadas a través de las sociedades C.I. Pradaz Limitada y Comfort Life Designing Spaces Limitada mediante la facturación de servicios inexistentes por valor de $480 millones que mediante una operación financiera al interior de la SPSM sirvieron para amortizar el pago de un crédito personal que ésta le otorgó en el 2013 por monto de $800 millones.

“En efecto, el modus operandi descubierto por KROLL consistía en que desde SPSM se impartía la instrucción a la sociedad C.I. Pradaz Limitada de facturar unos servicios inexistentes de transporte, para que, luego de proceder a radicar las facturas en las oficinas de la SPSM, se realizaría un proceso interno de validación y revisión para aprobar su pago, previas los cálculos de retenciones fiscales de ley. Una vez aprobado su pago, se emitían los cheques correspondientes girados a la sociedad C.I. Pradaz Limitada con la restricción de ser pagados a la orden de ésta como primer beneficiario. Pero en realidad, según indicó el informe de KROLL, el comprobante de egreso nunca fue firmado por la sociedad beneficiaria (aparece sin firma), sino que internamente se producían dos trámites igualmente fraudulentos: a) De una parte, los cheques girados restrictivamente en noviembre de 2015 y mayo de 2016 a C.I. Pradaz Ltda., nunca fueron entregados a su “ilegítimo” beneficiario, sino que se consignaban en las cuentas de propiedad de SPSM en el Bancolombia. b) Y una vez ingresaban estos valores a las cuentas de SPSM, tales recursos eran destinados a ser abonados a un crédito que la Junta Directiva le otorgó a Mauricio Suárez en sesión de enero de 2013.” Hecho que quedó consignado en la denuncia penal radicada.

Con relación a todas estas operaciones fue cuestionado el Auditor General de Carbosan, Jimmy Bolaño Tarrá, quién informó desconocer todos los detalles de las operaciones que se pusieron en su conocimiento. No obstante, en desarrollo de las investigaciones de auditoría, se pudo confirmar que Bolaño Tarrá desde años atrás era el contador personal, junto con su esposa, del ex gerente Mauricio Suárez Ramírez y de sus sociedades. Quien luego aceptó haber firmado como contador los balances generales y estado de resultados de Suárez Ramírez para los años 2011 a 2015, y haber cobrado honorarios por estas gestiones.

Pero si las cosas por Carbosan Ltda. no parecen hubieran estado bien; por cuenta de las actuaciones de estos ex directivos, por los lados de la SPSM los indicios logrados no permiten noticias alentadores. No en vano avanza una auditoría externa sobre las operaciones realizadas en los últimos 17 años que permiten inferir la posible defraudación a las finanzas de esta empresa por un monto aproximado a los 17 millones de dólares.

No hay dudas que las Directivas de Carbosan y la SPSM, con la denuncia y auditorías contratadas, respectivamente, están decididas adelantar una lucha frontal en contra de la corrupción en su sector.

Por: Alejandro Arias
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