Por: Asociación de Reclamantes Tierra y Paz, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación.

La denuncia la hacen desde la región de Urabá (departamento de Antioquia) los integrantes de la Asociación de Reclamantes Tierra y Paz Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación IPC. La grave situación fue publicada en el portal de la Agencia de Prensa Rural y menciona que varios empresarios del Urabá estarían planeando atentado contra tres líderes sociales dirigentes visibles de los campesinos que reclaman la devolución de sus predios despojados violentamente por compañías agroindustriales, ganaderos y terratenientes mediante el uso de bandas armadas paramilitares.

La siguiente es la denuncia contundente:

La Fundación Forjando Futuros, el Instituto Popular de Capacitación-IPC- y la Asociación de Reclamantes Tierra y Paz denunciamos el plan criminal para atentar contra la vida de tres de nuestros directivos, el cual estaría siendo organizado por empresarios vinculados a los sectores ganadero, palmicultor y bananero.

De acuerdo con la información que hemos recibido, los señores Ángel Adriano Palacios Pino, José Arley Muñoz, Luis Fabio Moreno Ruiz Y Jaime Antonio Uribe Castrillón, reconocidos empresarios, han estado celebrando reuniones en una Finca ubicada en el kilómetro 40 por la vía Panamericana frente a la Finca el Trébol en el Municipio de Turbo, Antioquia, que ha tenido como fin planear atentados con el propósito de detener los procesos judiciales de restitución de tierras, que cursan contra ellos como despojadores.

Las personas contra las que estaría dirigido el atentado son Gerardo Vega, director de Forjando Futuros; Carlos Yamil Páez, Fiscal de Tierra y Paz; y contra uno de los coordinadores del equipo de trabajo de restitución de tierras del IPC que prefiere mantener en reserva su identidad; debido a su liderazgo en el acompañamiento y apoyo a los reclamantes de tierras en Urabá.

Esta denuncia ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación seccional Antioquia, el día 9 de julio de 2018. Solicitamos a la Comunidad Internacional acompañamiento, y al Estado colombiano celeridad en la investigación y protección a la vida de las tres personas amenazadas para evitar que continúe el asesinato selectivo de líderes y defensores de derechos humanos en el país que ya deja 311 según datos de la Defensoría del Pueblo.