Lima, 9 feb (PL) Diversas reacciones generó hoy en Perú un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispone archivar un proceso abierto a cuatro jueces del Tribunal Constitucional por la mayoría conservadora del parlamento.

Mientras uno de los procesados, Eloy Espinoza, dijo que la resolución debe acatarse, el parlamentario Héctor Becerril, de la bancada de Fuerza Popular (FP), mayoritaria, la rechazó como una ‘injerencia abusiva’ que el Congreso de la República debe rechazar.

El constitucionalista Aníbal Quiroga dijo que Perú debe acatar lo determinado por la corte porque la Constitución así lo determina al considerar como ley nacional los tratados internacionales, como el que firmó el Estado peruano al suscribirse a la jurisdicción de la Corte Interamericana.

Juristas y defensores de derechos humanos señalan que el proceso es una represalia porque el tribunal Constitucional corrigió un error en el conteo de la votación de un fallo referido al juicio a un grupo de exmarinos acusados por la matanza de más de cien presos acusados de terrorismo, en 1986.

El fallo errado, de 2013, establecía que los acusados no podían ser juzgados por crimen de lesa humanidad y la corrección determinó que el proceso considere ese agravante, lo que implica que el caso no puede prescribir.

El dictamen fue anunciado después que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, encabezada por FP, aprobó en diciembre último un informe que recomienda cesar e inhabilitar a Espinoza por diez años.

El informe prevé además suspender temporalmente a los jueces constitucionales Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda, quienes junto a Espinosa apelaron a la Corte, cuyo dictamen señala que las familias de los presos asesinados deben tener acceso a la justicia sin interferencias.

Sin embargo, Becerril y otros legisladores de FP, así como el centroderechista Víctor García Belaúnde, sostienen que el parlamento peruano no debe acatar el fallo y el primero planteó romper con la Corte Interamericana.

Ese foro externo tiene pendiente dictaminar además sobre el indulto al exgobernante y mentor de FP, Alberto Fujimori, liberado en diciembre pese a haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad, a 25 años de prisión.

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