Por Tania Peña *

Bogotá (PL) Entre certezas y promesas incumplidas, el tránsito de la guerra a la paz en Colombia deja un sabor agridulce, a un año de la firma del histórico acuerdo entre el gobierno y la exguerrilla de la FARC.

Para el presidente del país, Juan Manuel Santos, el vaso está medio lleno porque el acuerdo permitió silenciar los fusiles y eso ‘nos ha permitido salvar vidas, miles de vidas. Solo eso hace que semejante esfuerzo haya valido la pena’.

Sin embargo, en opinión de Rodrigo Londoño (Timochenko), no se puede hablar de un balance feliz, cuando lo que se ha estado implementando en Colombia no es lo firmado.

Que se cumpla sin burlas lo pactado, expresó el pasado 24 de noviembre, al cumplirse el primer aniversario de la rúbrica oficial del Acuerdo de Paz.

Lo que nos están implementando no es el acuerdo que se firmó, recalcó el máximo líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Explicó que las modificaciones introducidas a leyes como la Justicia Especial de Paz burlan las expectativas e ilusiones de las comunidades que confiaron que el Acuerdo transformaría sus vidas.

El excomandante en jefe de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) advirtió cómo en pleno proceso de construcción de la paz, hay cifras crecientes de exguerrilleros y familiares muertos y de líderes sociales asesinados.

Por eso en carta enviada a la misión de la ONU en Colombia escribió: ‘La soñada reconciliación naufraga ante el empuje de quienes insisten en negarnos un espacio en Colombia’.

Sobre ello admitió Santos: Por supuesto que hemos encontrado obstáculos, que hemos tenido retrasos, muchos de ellos por culpa del propio gobierno, por falta de coordinación en las entidades y por falta de planificación.

También el dirigente de la FARC Iván Márquez enumeró un listado de incumplimientos por parte del gobierno y mencionó entre ellos la permanencia en prisión de miembros de la exguerrilla, a pesar del decreto de amnistía presidencial.

Más del 70 por ciento de los prisioneros políticos de la FARC siguen encarcelados, pese a la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto contemplada en el Acuerdo de Paz.

En concordancia con las preocupaciones de la FARC, el Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz señaló que solo se ha cumplido el 18 por ciento de lo pactado.

El comportamiento de algunos acápites es el siguiente: Reincorporación política y socioeconómica, 34 por ciento; desmonte del paramilitarismo, 24 por ciento; respeto a los derechos humanos, 10 por ciento y reforma general integral, siete por ciento.

Ejemplo de lo incumplido es el hundimiento en el Congreso de la Reforma Política que tenía por objetivo ampliar la democracia y crear nuevas condiciones para la más amplia participación al respecto en Colombia.

Sin embargo, los intereses de la clase política tradicional primaron y torcieron los acuerdos de paz, y lo que se esperaba fueran nuevas reglas de juego electoral se convirtió en un reacomodamiento de las fuerzas políticas de derecha, reflexionó el semanario Voz.

Otro tanto ocurrió con las modificaciones introducidas en el poder legislativo a la Justicia Especial de Paz, que quedó prácticamente para los miembros de la FARC y que anuló la posibilidad de que los defensores de derechos humanos fueran magistrados de esa jurisdicción.

En cuanto a las circunscripciones especiales de paz que de acuerdo con lo pactado garantizaban 16 curules en la Cámara para las víctimas del conflicto armado, aún permanecen en un limbo jurídico tras polémica votación en el Congreso, el cual se negó a promulgar la ley que les daba vida.

De hecho, el año cierra en Colombia, no solo con fiestas navideñas, sino también con plantones de las víctimas de la guerra que exigen el aval del Estado a las curules de paz.

Empero, los sectores defensores de la paz en Colombia, incluida la exguerrilla de la FARC, consideran que aún hay posibilidades de avanzar en la defensa de lo pactado en la capital cubana, así como en cambios estructurales que el país reclama.

Aunque el Congreso se quedó debiéndole a la paz y la implementación normativa en su fase parlamentaria no cumplió con lo que estaba previsto, la construcción de la paz es un proceso en un campo en disputa, señala el exponente del Movimiento Voces de Paz Jairo Estrada.

Ello quiere decir, añade, que no se reduce a la implementación normativa y por eso los análisis que se hagan no se pueden suscribir de manera exclusiva a ese aspecto. En suma, hay avances legislativos insuficientes y tareas por cumplir, asevera.

También Iván Cepeda, senador del partido Polo Democrático Alternativo, estima que la participación política de la FARC como nuevo partido (fundado el 1 de septiembre de 2017) es una conquista de dimensiones democráticas y altamente valoradas.

La participación de la FARC en el escenario electoral y en el debate público es una ganancia, subraya.

Por su parte Rodrigo Granda, del Consejo Político Nacional de la FARC, repara en las dificultades de la etapa postconficto. ‘Nosotros considerábamos que la etapa más difícil fue La Habana …, pero las dificultades presentadas después de la firma son muy grandes’.

Desde su punto de vista ha habido actores dentro del Estado que han marchado la contravía de la paz. Primero, la Corte Constitucional que cambió toda la esencia del fast track (procedimiento legislativo abreviado concebido para encauzar las leyes de paz).

El otro actor que ha jugado en contra ha sido el Congreso que desfiguró el acuerdo. Lo que hoy se conoce como acuerdo no es lo que nosotros firmamos en Cuba, expresa.

Ilustra en relación con el primer punto del histórico documento, cómo no se ha entregado la primera hectárea de tierra a los campesinos.

Para los excombatientes que hoy son campesinos con ganas de cultivar la tierra, no ha llegado lo pactado, manifiesta.

De los 32 espacios de reincorporación, agrega, el Gobierno nacional solo ha entregado dinero para la financiación de tres proyectos.

El horizonte, estiman políticos y coinciden los exguerrilleros, está en la movilización social y en la necesidad de concebir alianzas fuertes, centradas en la defensa de la paz.

A juicio del secretario general del Partido Comunista de Colombia, Jaime Caycedo, hay que valorar los frutos alcanzados con la construcción de la paz.

El desafío, opina, es profundizar en una nueva correlación de fuerzas ‘porque la paz va a requerir de una fuerza de masas amplia y mayoritariamente definida’.

Las protestas de indígenas, campesinos, aviadores, maestros, estudiantes, entre otros sectores, demuestran el anhelo de grandes sectores populares por una Colombia más incluyente.

Por lo pronto, el derrotero de la paz tiene su reto más cercano en las elecciones presidenciales de mayo de 2018.

Aunque es temprano para vaticinar resultados, ya se avizora una fuerte puja electoral entre los que apoyan el Acuerdo de La Habana y los que se le oponen.

Y es que en Colombia, como dijera el papa Francisco cuando la visitó en septiembre pasado, hay todavía mucho espacio para la cizaña.

‘Estén atentos a los frutos, cuiden el trigo y no pierdan la paz por la cizaña’, aconsejó entonces.

Y en ese tendido de puentes, como sugirió el Sumo Pontífice, no pueden faltar de los hitos históricos del 2017 las negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional que condujeron al primer cese el fuego bilateral con esa guerrilla, con posibilidades de prorrogarlo en enero de 2018. En sentido contrario, el año dejó también un triste balance para los movimientos sociales y de derechos humanos. Más de un centenar de sus líderes fueron asesinados, reveló un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Colombia.

Buenas y malas noticias. La paz en definitiva ha dado pasos concretos en un país donde la guerra ha dejado unos 300 mil muertos, 60 mil desaparecidos y siete millones de desplazados.

Espinas y rosas. Subirse a la barca de la paz o hundirse en el piélago de la violencia. Con esa encrucijada cierra 2017 y comienza un nuevo año para los colombianos.

*Corresponsal de Prensa Latina en Colombia.

arb/tp