Por Sinay Cespedes Moreno

Quito, 22 dic (PL) La admisión de la Corte Constitucional de Ecuador (CCE) del pedido de juicio político contra el vicepresidente, Jorge Glas, tras ser sentenciado a seis años de prisión, da paso hoy a continuar el proceso en la Asamblea Nacional.

Por unanimidad (ocho votos), el pleno de la instancia decidió avalar la solicitud, tras debatir la constitucionalidad del texto, propuesto por el asambleísta Roberto Gómez, de CREO, principal formación opositora del grupo oficialista Alianza PAIS en las pasadas elecciones generales de febrero y abril de 2017.

Con la decisión de la CCE, que tenía un plazo de cinco días a partir del lunes para su dictamen, pero lo resolvió en apenas cuatro, el proceso regresa al máximo órgano legislativo, donde continuará su tramitación.

Los próximos pasos comprenden ponerlo en conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa, para luego remitirlo a la Comisión de Fiscalización, encargada de proponer la separación o permanencia en sus funciones ante el pleno.

Para la destitución, se requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores a favor de la medida.

En medio de ese proceso, el venidero 2 de enero se cumplirán tres meses desde que el segundo dignatario está ausente del cargo, lo cual también sería motivo de separación.

El 2 de octubre fue su último día en la oficina y al día siguiente entró a la Cárcel 4 de Quito, a cumplir prisión preventiva, dictaminada por la Fiscalía General, tras vincularlo al caso de corrupción de la constructora Odebrecht, investigada en Ecuador por el pago de sobornos a cambio de adjudicación de obras.

A pesar de las reiteradas ocasiones en que sus bienes y cuentas familiares fueron auditadas y de colaborar con el proceso en curso, el segundo mandatario fue llevado a juicio y declarado culpable del delito de asociación ilícita.

El propio Glas y su abogado defensor, Eduardo Franco Loor, sostienen que no se respetó el debido proceso y existe una trama de linchamiento en su contra. No obstante, la condena fue de seis años de prisión, según el Tribunal y la Fiscalía General, debido a las pruebas presentadas.

Todo el proceso en su contra se ha desarrollado en medio de seguidores, quienes defienden su integridad y lo consideran un hombre leal, y detractores, que favorecen su destitución.

Las redes sociales, así como las afueras de la Corte Nacional de Justicia y de la Cárcel 4 de Quito, donde cumple prisión preventiva, han devenido tribunas para una y otra parte, al tiempo que el caso ha sido bien mediatizado, aunque sin llegar a hacer realidad el pedido de Glas de transmitir en vivo todos los pormenores de las audiencias.

No obstante, tanto él como su defensa, manifiestan confianza en que prevalecerá la razón y la justicia, porque ‘nada se ha podido probar y Jorge Glas es inocente’, y agotarán todos los recursos para demostrarlo.

Con ese afán, Franco Loor presentó un pedido de suspender la condena de seis años de prisión, a la cual fue sentenciado, pero fue rechazado por incumplir los requisitos establecidos en el Código Orgánico Penal Integral para esos casos, los cuales indican que la sentencia debe ser menor a los cinco años.

Mientras, algunas voces hablan de anti-proceso, como el Consejo Internacional de Apoyo al Justo Juicio y Derechos Humanos, ente con sede en Ginebra, que emitió un comunicado, divulgado en la red social Twitter, en el cual manifestó preocupaciones por irregularidades constatadas en el proceso.

‘Nuestra organización comprobó que existen normas constitucionales violadas’, señaló la instancia, cuyos estatutos indican entre sus objetivos: asegurar el juicio neutral de los acusados, en correspondencia con las leyes del país y los estándares internacionales.

Igualmente resaltó como en la audiencia de juicio se presentaron puntos muy importante, entre los cuales está que ningún procesado acusó al vicepresidente de la República por lo cual no existe asociación ilícita, ni tampoco los 45 testigos y peritos.

Por otra parte, su nombre no aparece en los documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que develó la red de corrupción de Odebrecht en al menos una docena de naciones, ni en los informes de asistencia penal de Panamá.

Esas irregularidades fueron presentadas anteriormente por la defensa del vicepresidente, pero sin encontrar respuesta a sus planteamientos.

Pese a lo expuesto, el vicepresidente fue sentenciado y podría, en los próximos días, quedar separado completamente de sus funciones.

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