Prensa Pacocol.

La martirizada región de Urabá, departamento de Antioquia, nuevamente es sacudida por crímenes de grupos paramilitares al servicio de latifundistas y mafias del narcotráfico. En el corregimiento Belén de Bajirá (Mutatá) fue asesinado en su casa el día domingo 26 de noviembre Mario Castaño, líder social de Urabá y luchador social por la restitución de tierras despojadas por las agrupaciones de la extrema derecha, los mismos que aplicaron la guerra de exterminio en la región contra representantes de las fuerzas progresistas, campesinas, afro, indígenas, para imponer el miedo y terror.

La noticia del asesinato del líder comunitario, de aproximadamente 55 años de edad, causa consternación y repudio por parte de los habitantes del Urabá antioqueño y Chocoano. Es un hecho que se suma a los más de 130 líderes sociales del país que han caído bajo las balas asesinas de los grupos paramilitares para sabotear el proceso de paz y de cambios que exigen las comunidades de las regiones más abandonadas y excluidas.

Sobre este suceso, Pablo Antonio López, representante legal del consejo comunitario de la zona, contó a la prensa nacional: “El esquema de seguridad lo había dejado en la casa como siempre lo hacía y eso lo aprovecharon quienes lo asesinaron. Ya había tenido reiteradas amenazas, todos nosotros, hay temor e impotencia por lo que nos pueda pasar”.
Según López muchos líderes sociales que adelantan un proceso de restitución de tierras en la región son objeto de persecución y amenazas de muerte por el paramilitarismo sin que las autoridades actúen con contundencia para impedir las muertes. Los esquemas de protección son insuficientes y los riesgos son permanentes por la existencia en estas zonas de dichos grupos armados al servicio de terratenientes y latifundistas.

“En el colectivo somos 2.500 familias más o menos en 49 comunidades. Hay 107.064 hectáreas de tierra que está en proceso de restitución por la ley 1448 de 2011, proceso del que ya evacuamos la etapa administrativa y entra en la etapa judicial, que es más peligrosa por lo que necesitamos más veeduría por parte del Estado”, contó López, quien añadió que esta etapa genera inconvenientes e “inmensas dificultades” porque quienes en este momento tienen las tierras de estas comunidades “no quieren perderlas”, afirmó Pablo Antonio López.