Por: Tony López R (*)

El pasado sábado 4 de noviembre se cumplen seis años del asesinato de Guillermo León Sáenz Vargas, conocido como  Alfonso Cano, quien fuera hasta el día de su captura y frio asesinato,  Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). En desigual combate y víctima de una delación el comandante Cano, también conocido como el “arquitecto de la paz”, fue perseguido, emboscado y bombardeada su pequeña escolta en los montes cercanos al municipio Súarez, departamento del Cauca, herido y sin visión,  pues en la escapada perdió sus grueso lentes de miope cae herido en un brazo y pierna, en manos del Ejército colombiano, así  le contó, a este periodista, un miembro de su escolta que logró romper el cerco y escapar.

Las primeras noticias de que Cano había sido asesinado, la divulgo el obispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve y responsabilizó a las más altas autoridades del país de ordenar la muerte del jefe guerrillero.

De profesor universitario a guerrillero, Alfonso Cano, fue uno de los más destacados líderes y brillante guerrillero, cuya aguda pluma y pensamiento era temido por la oligarquía colombiana.

Fue Cano quien comenzó en el 2011, a solicitud del presidente Juan Manuel Santos, el intercambio con el Gobierno, cuyo objetivo era establecer una mesa de dialogo en búsqueda de una solución política al conflicto social y armado.  Me comentó  está fuente que no sabe porque Cano, en algún momento, expresó que la “intención del gobierno era arrojar su cadáver sobre la Mesa antes de iniciar los diálogos” y esa premonición se cumplió, tres meses después de su asesinato, se abrió la mesa de diálogo en La Habana, en febrero del 2012.

Era deseable por parte de la oligarquía que Alfonso Cano desapareciera físicamente, sabían que en las  montañas era un adversario al cual con sus campañas podían  descalificar,  pero prisionero y ante  un tribunal de justicia en Bogotá y con todos los medios cubriendo el juicio,  Cano de acusado  podía convertirse en el   más peligroso enemigo y sentar en el banquillo de los acusados a los que han saqueado al país, empobrecido al pueblo, a los corruptos y a los representantes de una oligarquía cuyo sistema combatían.

En una entrevista  en mayo del 2011 al diario español Público dejaba claro por combatían:  “las FARC nacimos resistiendo la violencia oligárquica, que utiliza  sistemáticamente el crimen político para liquidar a la oposición democrática y revolucionaria; también como respuesta campesina y popular a la agresión latifundista que inundo de sangre los campos colombianos usurpando las tierras de campesinos y colonos, y nacimos también, como actitud digna y beligerantes de rechazo a la injerencia del gobierno de Estado Unidos en la confrontación militar y en la política interna de nuestra patria”. Esa firme conducta que presidia su pensamiento, era la que el gobierno no podía aceptar en una Mesa de Diálogo.

En el sexto aniversario de la muerte de Alfonso Cano, pareciera que su gran preocupación y sus convicciones de defender de la violencia oligárquica a los campesinos, indígenas y afrodescendientes  están vigentes. Desde hace  seis días en 26 departamentos el movimiento campesino e indígena iniciaron una protesta nacional contra el gobierno por los incumplimientos de los Acuerdos de paz.

La “Minga Nacional Indigena” mantiene junto a campesinos y labriegos 19 puntos de concentración en varios  departamentos entre ellos en el  Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Nariño,  Risaralda, Santander del Norte  (Catatumbo) la protesta y fuertes enfrentamientos  han ocasionado 36 heridos y varios detenidos. Se calcula que solamente el movimiento indigenista ha movilizado más de 100,000 indígenas indignados por la falta de garantías, las violaciones y de exterminio de los pueblos aún en “tiempo de paz”.

Asimismo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que desde 1996 se han suscrito 1.392 acuerdos con el Gobierno nacional, la mayoría de los cuales se han incumplido.

Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo un llamado a las partes para evitar las tensiones y no haya más confrontaciones que puedan generar violaciones a los derechos humanos.

Una de las alertas de organizaciones de derechos humanos tiene que ver con que en algunas zonas de la protesta hay presencia del Ejército con tanquetas, hecho que, según Howland, no debería darse. “No es que no estén. Es que hay necesidad de tratar la protesta social como protesta social de civiles. Esto es bien distinto a cuando estamos en área de conflicto armado. Estamos hablando de gente que no tiene armas, que son civiles, y que la policía tiene la jurisdicción para tratar protestas sociales en Colombia”, enfatizó el representante de la ONU.

Los indígenas están exigiendo “la instalación de la mesa de negociación, en cabeza del presidente colombiano, Juan Manuel Santos; los ministros y todas las entidades e instituciones del Estado”. Al tiempo, solicitaron al Ministerio de Defensa “controlar el accionar desproporcionado e ilegal” de la fuerza pública en los puntos de concentración de la protesta, según la prensa local.

(*) Periodista, politólogo, analista internacional.

La Habana 5/11/17