Madrid, 2 nov (PL) Acusadas de rebelión, sedición y malversación, las cesadas autoridades separatistas de Cataluña comparecen hoy ante la justicia española por su presunta responsabilidad en la declaración unilateral de independencia de esa comunidad autónoma.

Los 14 miembros del destituido gobierno catalán están citados este jueves a declarar en la Audiencia Nacional (AN) como sospechosos de esos cargos, después que el 27 de octubre el parlamento regional proclamó a Cataluña un Estado soberano.

En un comunicado en el que se definió como el presidente del ‘Gobierno legítimo’ catalán, el defenestrado mandatario autonómico Carles Puigdemont ratificó la víspera que no acudirá a la citación judicial de hoy en la sede de la AN en Madrid.

‘Estas citaciones se enmarcan en un sumario sin fundamento jurídico que sólo busca castigar ideas’, denunció Puigdemont desde Bruselas.

El líder independentista conservador aclaró que algunos de sus antiguos consejeros (ministros) responderán en cambio a la convocatoria, ‘como denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español y de su voluntad de perseguir ideas políticas’.

Indicó que otro grupo de colaboradores permanecerá a su lado en la capital belga para denunciar ante la comunidad internacional ‘este juicio político y emplazar muy especialmente a Europa a afrontar una solución dialogada’ al grave conflicto territorial.

La desproporción de las penas pedidas por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, equivalentes a delitos como el asesinato o el terrorismo, ‘demuestran que estamos ante un juicio político’, remarcó.

En una concurrida conferencia de prensa en Bruselas, Puigdemont acusó el pasado lunes al gobierno central de Mariano de Rajoy de recurrir a la fuerza para liquidar las aspiraciones secesionistas de esa región.

Pidió garantías jurídicas para retornar a España y negó que pretenda solicitar asilo en esa nación para eludir los cargos en su contra.

Nos hemos desplazado a Bruselas para poner de manifiesto el problema catalán en el corazón institucional de Europa y denunciar la falta de imparcialidad de la justicia española y el grave déficit democrático que existe en el Estado español, enfatizó.

‘No estoy aquí para pedir asilo político, esto no es una cuestión de Bélgica, pero Bruselas es la capital de Europa’, insistió el cesado gobernante, en obvia alusión a la presencia en esa urbe de las instituciones de la Unión Europea.

Estamos aquí buscando garantías jurídicas que por el momento no se dan en Cataluña ni en España, subrayó Puigdemont, quien acusó a los partidos Popular (de Rajoy) y Socialista Obrero Español (principal de la oposición) de afrontar con represión una cuestión política.

La acusación se extiende contra la también depuesta presidenta del parlamento de Cataluña Carme Forcadell y los cinco miembros de la Mesa -órgano rector de la cámara regional-, que permitieron tramitar la votación de la polémica declaración de independencia.

Estos últimos deberán defenderse a partir de este jueves ante el Tribunal Supremo.

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