La implementación del Acuerdo Final está en grave riesgo. Al boicot legislativo se han agregado las masacres de la fuerza pública y del paramilitarismo, especialmente en Tumaco y el Sur occidente colombiano. Los 6 excombatientes desarmados asesinados en San José del Tapaje, el crimen de José  Jair Cortés en zona rural de Tumaco, los crímenes de las docentes Liliana Astrid Ramírez, en Natagaima, Tolima, de Benicia Tobar, en Guachené, Cauca y del excombatiente amnistiado Henry Meneses Ruiz, en Miranda, Cauca, entre otros, acaecidos con pocos días u horas de diferencia; las amenazas a la dirección nacional de la Unión Patriótica y el atentado frustrado al compañero Omar Romero en Cali, no pueden seguir siendo clasificados como hechos aislados por el Estado colombiano, que se coloca de espaldas a sus responsabilidades constitucionales.

Estamos denunciado lo que consideramos un peligroso viraje en los compromisos oficiales con la implementación de la paz. La ofensiva del Fiscal general, de Cambio Radical y Centro Democrático en el Congreso complementa la política de guerra a los cultivadores de coca por parte del Ministerio de Defensa, al margen y abiertamente en contra del compromiso estatal con el Punto IV de Acuerdo Final. El gobierno impone por la fuerza la erradicación que desconoce el acuerdo de paz con el argumento de Washington de que cumplirlo es favorecer al terrorismo. La matanza de El Tandil, de inocultable responsabilidad oficial marca la temeraria trayectoria de una política de guerra social que busca reconfigurar el “enemigo interno” en carne de inocentes ciudadanos y de excombatientes desarmados en voluntad de paz.

Se está burlando el compromiso del Estado en el Acuerdo Final con las garantías para la vida y la no repetición. Hacemos un llamado de alerta a la Comunidad internacional, a la Segunda Misión de la ONU, a la MAP-OEA, a los Países Garantes y Acompañantes, a todas las fuerzas democráticas y defensores de los derechos humanos del continente y del mundo: en Colombia está en peligro la paz y necesitamos enderezar el rumbo de este justo anhelo de Colombia y de América Latina toda.

–          Pedimos que paren la matanza y las amenazas a las y los defensores de la paz;

–          Pedimos parar la erradicación forzada, reafirmar la prioridad de la concertación voluntaria del PNIS y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial;

–          Pedimos garantías especiales de seguridad para los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación y el cese de los operativos de guerra y amedrentamiento a los mismos;

–          Pedimos la concreción de una Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, con autonomía y recursos para investigar el complejo paramilitar en todas sus ramas;

–          Pedimos respetar el papel de la Comisión de Seguimiento para la Implementación CSIVI como instancia responsable bilateral en el cumplimiento del Acuerdo;

–          Pedimos facilitar a las autoridades civiles territoriales y a las organizaciones populares el cumplimiento de sus funciones y el acompañamiento solidario a excombatientes y ETCR.-

Llamamos a unir todas las voces y todas las voluntades en respaldo al Acuerdo Final con FARC y al diálogo de Quito con el ELN. La movilización nacional unitaria y el paro nacional indefinido son expresión de la paz en movimiento. Hoy más que nunca exigimos garantías plenas para la expresión de la inconformidad popular.

Bogotá, octubre 22 de 2017.
Unión Patriótica
Partido Comunista Colombiano