ACADESAN, ORIVAC, Y ACIVA R.P que representan a las comunidades afro e indígenas que habitan la cuenca baja del rio San Juan hacemos un llamado urgente al gobierno nacional y regional, a los entes de control, a los organismos del ministerio público para que atiendan la situación de emergencia que sufrimos por los últimos hechos de violencia que se viven en nuestros territorios.

Antecedentes Desde el año 2010 nuestros territorios colectivos vienen padeciendo además del histórico abandono estatal en temas de educación, salud, saneamiento básico, infraestructura; la presencia de grupos armados ilegales que en una lucha por el control territorial han desconocido nuestros derechos como autoridades étnicas y han alterado la paz y sana convivencia de ambos pueblos Afro y Wounan Nonan y además nos han afectado con los continuos enfrentamientos, amenazas, hostigamientos, muertes selectivas, señalamientos y nos han obligado en diferentes ocasiones a dejar abandonados nuestros cultivos y viviendas para pasar por la difícil situación del desplazamiento forzado a las ciudades y otros desplazamientos internos.

En este año 2017 en el contexto nacional de búsqueda de paz, los pueblos afro e indígenas del San Juan no hemos sentido que nuestro deseo y apuesta por una paz territorial se vea respaldada por la Fuerza Pública y legales e ilegales, ni por las autoridades que deben velar por nuestra vida, seguridad y la pervivencia en el territorio.

Por el contrario hemos vivido en las comunidades continuas presencias de grupos armados ilegales hostigando y generando confinamiento, coartando la movilidad y el normal desarrollo de las actividades de pesca, agricultura y cacería. Se han presentado algunas retenciones a miembros de las comunidades y maltratos físicos y amenazas; en este momento la comunidad de Guayacán del Rio Calima, se encuentra desplazada en la ciudad de Buenaventura y las comunidades de Puerto Guadualito y Unión San Juan que se encuentran en Puerto Pizario desde agosto de 2016. De igual forma las comunidades del Coco, Quicharo y Palestina están en continua zozobra y confinamiento pues la insurgencia del ELN ha sembrado minas antipersona en el territorio.

De igual forma el 15 de Agosto del 2016 en la comunidad de Puerto Guadualito, resguardo de Puerto Pizario, 2 miembros de un grupo armado ilegal, torturaron y agredieron sexualmente a una mujer miembro de la comunidad, hechos que generaron el desplazamiento de la víctima y su familia. Los últimos hechos ocurridos: El domingo 19 de febrero las tropas de infantería de marina, que estaban en la comunidad de Carrá, detuvieron a un líder en su lancha y lo requisaron, luego unos metros más adelante fue objeto de hostigamientos a bala. Ese mismo día en horas de la mañana, la misma comunidad presenció un fuerte enfrentamiento entre la armada y el grupo ilegal lo que los obligó a desplazarse a Docordó cabecera municipal del Litoral del San Juan.

El lunes 20 al medio día enfrente de las comunidades de Cabecera y Puerto Pizario se llevó a cabo otro enfrentamiento entre la armada y el grupo ilegal que duro aproximadamente tres horas, donde además de las ráfagas se escucharon varias explosiones, también hizo presencia un helicóptero que recogió tres bolsas plásticas; han dejado a las comunidades en total confinamiento y desabastecimiento de alimentos y agua pues en la zona se vive una fuerte sequía lo que obliga a buscar el agua para el consumo en las quebradas que hoy son ocupadas por los grupos legales e ilegales.

El 21 de febrero, a las ocho de la noche dos botes de la armada llegaron a la comunidad de Puerto Pizario e iniciaron el desembarque, la comunidad les pregunta que hacen y ellos responden que tienen una orden de Bogotá para allanar la comunidad y que la van a rodear. La comunidad solicita ver la orden y responden que van a ir al buque porque la orden la tiene el capitán y no regresan. En la actualidad nuestras comunidades presentan restricción de la movilidad por la presencia de la Fuerza Pública y actores armados ilegales en nuestro territorio, lo cual implica en primer lugar la desarmonización del territorio, la restricción de las actividades diarias y cotidianas para nuestro sustento y suspender las clases en los centros educativos.

Como pueblos Indígenas y Afros del Bajo San Juan, por lo tanto consideramos que las afectaciones que hoy estamos viviendo nos revictimizan dado la repetición de hechos que nos ponen más en riesgo de extinción, se mantiene el impacto desproporcionado en cada uno de quienes habitan nuestro territorio y por el contrario no se supera el estado de cosas inconstitucionales reseñados en la ST 025 y sus autos 004 y 005 que busca la protección de nuestros derechos colectivos. Por eso hacemos un llamado desde la unidad interétnica:

1. A la Fuerza Pública que respete y aplique todos los principios del DIH y aplique a cabalidad la directivas 16/06 y 07/07 de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Negras del Ministerio de Defensa.

2. A las autoridades locales, departamentales y Nacionales comprometidas en el SNARIV que definan prontamente acciones de protección y atención humanitaria que solucionen de inmediato la restricción a la movilidad, la alteración de la paz, la salud física y emocional, la suspensión de las dinámicas educativas y agrícolas con intervenciones de emergencia de acuerdo a los derechos que nos amparan en los decretos ley 4633 y 4635, haciendo énfasis en la garantía del mínimo vital: alimentos, agua potable, kit de cocina y aseo, kit de cocción de alimentos, atención en salud y psicosocial.

3. Al Ministerio del Interior y demás entidades de carácter nacional, regional y local para que cumplan los múltiples compromisos y garanticen nuestros derechos humanos y colectivo en particular se agilicen los diferentes planes de prevención, reparación y planes de vida y etno-desarrollo que nos lleven hacer realidad la salvaguarda de los pueblos afro e indígenas y podamos gozar nuestra dignidad, derechos étnicos y territoriales.

4. A los Actores Armados Ilegales exigimos Respeto a nuestras autoridades propias, autonomía y territorio, así como el no involucramiento en la guerra.

5. A la comunidad internacional y las Naciones Unidas: los invitamos a que realicen una misión de verificación y acompañamiento lo más pronto posible. Realizar acciones de incidencia con el Estado para la garantía de los derechos de nuestros pueblos y una la respuesta oportuna, adecuada y pertinente. Mantenerse atentos a nuestra situación y evolución del conflicto armado en nuestros territorios y la garantía de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afros.