el-faro-1Dr. Jesus Antonio Arias Huerfano

Digno heredero del liberalismo
Recientemente, el codirector de CR, el representante a la Cámara Rodrigo Lara, manifestó que el partido estaba acéfalo y en llamas, una forma de describir una organización donde todos quieren mandar pero nadie quiere asumir la responsabilidad por las decisiones. Pululan las ambiciones y las divisiones al punto que hay más dirigentes que partido. Producto de una escisión del Liberalismo, del cual renegó, CR acabó por heredar los atributos de este partido:Agregado de electores. Más que un proyecto político coherente, CR es una suma de congresistas que a su vez agregan  políticos locales que atraen electores en función de sus prebendas; y al final todos aportan al caudal de su jefe Vargas Lleras.
Carencia de control sobre los políticos locales, con mecanismos de rendición de cuentas que no parecen operar y donde los dirigentes se “pasan la pelota” cuando hay problemas. Por ejemplo el senador Arturo Char, al responder sobre los dudosos avales de La Guajira declaró sin remilgos que “nosotros somos políticos, no somos la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni la Contraloría, para andar investigando”. También puso de manifiesto que no respeta las normas que adoptó el partido al que pertenece, pues declaró que no conoce a sus copartidarios, ni siquiera a quienes aspiran a cargos importantes.
Este tipo de partidos orientados a los cargos y los votos, y basado en clientelas locales o en agregación de electorados regionales de incierta procedencia, carece de la estructura y la funcionalidad mínima de un partido político moderno. Como la mayoría de partidos en Colombia, opera como una organización de congresistas de aquí y de allá, interesados en sus aspiraciones personales y en las de sus allegados y familiares.

CR es un partido dividido y con tensiones internas que se han hecho más visibles a raíz de los avales. Poco antes de las elecciones de 2014, el entonces director del partido, Carlos Fernando Galán, aseguró que este partido decidía “con quién queremos y con quién no queremos hacer política, porque para hacer política no se requiere solo cumplir con requisitos legales sino que deben haber requisitos adicionales que ponga el partido”.
Pero al año siguiente quedó claro que ni los requisitos legales ni los adicionales se aplicaban. Por discrepancias con los avales concedidos a Oneida Pinto, aspirante a la Gobernación de La Guajira, y a Luis Pérez, a la Gobernación de Antioquia, Galán renunció y declaró que no podía dirigir un partido donde no se respetaba el trámite de los avales.  El actual codirector y representante a la Cámara Rodrigo Lara terció en la controversia y aclaró que había llegado a la dirección en julio de 2015, cuando ya se habían dado los avales en cuestión y pidió que respondieran las directivas de aquel momento (es decir, Galán). Siguió un cruce de declaraciones donde el senador Carlos Fernando Motoa acusó a Lara y la familia Char se lavó las manos invocando   “la buena fe” de políticos criminales. Y el vicepresidente Vargas Lleras simplemente guardó silencio.

Son comunes las disputas entre congresistas y excongresistas, directores y exdirectores. CR es un partido reducido a unos cuantos liderazgos en pugna que, para terminar de dibujarse públicamente, claman, como si fuera un partido decimonónico, por un “comité de notables” que controle el asunto de los avales. Es decir, piden “notables” para que controlen a los que ellos mismos no pudieron o no quisieron controlar.
¿No hay quién lo ronde?

Partido Cambio Radical con grandes conflictos internos y relaciones de corrupción.
Foto: Congreso de la República de Colombia
Es claro que CR se ha movido en los márgenes de la ilegalidad. Además de sus congresistas parapolíticos, es uno de los dos partidos a los cuales se le aplicó la figura de la “silla vacía” después de la condena del senador Javier Cáceres por sus nexos con grupos paramilitares.

El Consejo Nacional Electoral  está en mora de sancionarlo por el manejo de sus avales.
Y sin embargo el Consejo Nacional Electoral (CNE) está en mora de sancionarlo por el manejo de sus avales.  La Ley 1475 de 2011 establece que antes de expedir avales los partidos deben verificar el cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos. La norma considera como faltas sancionables las acciones u omisiones imputables a los directivos que inscriban candidatos a cargos o a corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o calidades, o que se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan sido condenados o lo sean durante el período para el cual resulten elegidos.

Esto rige para delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad. Como se observa en el Cuadro 1, con CR se violó la ley por lo menos en los casos del exgobernador de La Guajira, Francisco Gómez, los alcaldes de Arauca y Girardot o el candidato al Concejo de Barranquilla. Sin embargo, al aprobar la ley los honorables congresistas se protegieron, pues excluyeron los delitos por corrupción de las causales de sanción, tal vez pensando que si no lo hacían todos desaparecerían.

Si se aplicaran las sanciones estipuladas en la ley a CR le serían suspendidos los derechos para inscribir candidatos y se cancelaría su personería jurídica. Esto último impediría además que Germán Vargas Lleras aspirara a la Presidencia en el 2018. ¿Se atreverá el Consejo Nacional Electoral?

Después de la oleada de la parapolítica y de los numerosos casos de alcaldes, gobernadores, congresistas condenados y/o destituidos, es sorprendente que no haya sanciones para este partido y que el CNE no aplique las normas vigentes.

En una democracia seria el dirigente de un partido con tan impresentables integrantes y tan cuestionables modos de obrar no hubiera aspirado a la Presidencia, no sería vicepresidente ni se aprestaría a ser nuevamente candidato.