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Esneda López.

Por: Hernán Durango.

La dirigente de la Unión Patriótica UP agradeció la solidaridad y el acompañamiento nacional e internacional ante las amenazas de grupos paramilitares mediante panfletos y  resaltó que el movimiento político y las organizaciones sociales van a continuar el respaldo al acuerdo de paz y su implementación, la organización comunitaria de los pobladores y el fortalecimiento de las Juntas Patriotas municipales y regional, de manera unitaria y amplia.

“Ya colocamos las denuncias ante la Fiscalía Seccional, Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de Protección–UNP-, Policía y demás autoridades. Se hizo la denuncia para  que las autoridades realicen una investigación a fondo y esclarezcan este nuevo caso de amenazas y persecución contra quienes defendemos la paz con justicia social. Queremos esperar resultados de dicha investigación”, señaló Esneda López, dirigente de la UP. y defensora de los derechos humanos y en las victimas en la región agroindustrial.

El panfleto amenazante fue metido por una ranura existente en la ventana de la residencia de Esneda López en la ciudad de Apartadó, Antioquia, a las 9:15 de la noche del martes 17 de enero. Es una hoja firmada por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en el que se amenaza con declararla a ella y a su familia como ‘objetivo militar’ si continúa con sus actividades políticas. Allí  se menciona también a las organizaciones Fenal Paz y Asocomura, dirigidas por la abogada Alcira Blanquiceth Navarro y Nelson Miguel Jiménez, respectivamente, defensores de derechos humanos y luchadores populares de la ciudad de Chigorodó, quienes también temen en este momento por sus vidas.

Frente a la delicada situación los dirigentes políticos y sociales adoptaron medidas personales y orientaron medidas colectivas para salvaguardar su integridad física.

“Urabá sigue en tensión. Son muchas las amenazas, preocupa esta situación y reclamamos de las autoridades que tomen medidas fuertes contras esos grupos que quieren desestabilizar el proceso de búsqueda paz  y tranquilidad en el país”, indica Esneda López.

Por su parte, las direcciones nacionales de la Unión Patriótica y del  Partido Comunista Colombiano PCC reclamaron al Ejecutivo Nacional la adopción de políticas tendientes a garantizar la vida y la seguridad de las personas frente al desafío de los ilegales. En igual sentido, mediante un comunicado emitido en Bogota la Corporación REINICIAR denunció ante la comunidad nacional e internacional las amenazas y agresiones que han sufrido algunos de los integrantes de la Coordinación de Víctimas y Familiares del Genocidio Contra la Unión Patriótica en el país y destacan el caso ocurrido en Apartadó.

“Esta información preocupa especialmente teniendo en cuenta que el año pasado fueron asesinados cerca de 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos en varias regiones del país, como lo ha denunciado la coalición de organizaciones sociales y campesinas Cumbre Agraria y otras organizaciones. Este año tampoco parecen cesar los asesinatos y ya se han registrado seis casos”, señala el comunicado de Reiniciar, organización que exige al Gobierno Nacional, tomar medidas efectivas para garantizar la integridad física y proteger la vida e integridad de las personas amenazadas.

“A la Fiscalía, investigar, individualizar y sancionar a los responsables de las agresiones, amenazas y hostigamientos contra las y los líderes sociales y defensores de derechos humanos, en particular en la región de Urabá, en donde los paramilitares ejercen un control social. A la comunidad Internacional, hacer seguimiento a los hechos denunciados y reiterar el llamado al Gobierno Colombiano para que garantice la vida, los derechos y las libertades de todos los ciudadanos” señala el documento.

La Corporación REINICIAR manifiesta su preocupación por los asesinatos, el hostigamiento y la persecución de la que vienen siendo víctimas las y los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país y se solidariza con sus familiares. De igual manera, se pone a disposición para participar en las acciones que sean necesarias para la defensa de la vida y de los derechos humanos.